L., apodada, “La China”, comparte su historia desde prisión, quiere que se sepa. Pide no ser mencionada, apenas con un seudónimo. Cerca de ella consideran que hay riesgo dentro de la cárcel. La solidaridad de sus compañeras de encierro puede no ser total. Una imputada acusada de matar a su hijo, homicidio agravado por el vínculo, tal como la madre de Lucio Dupuy y su pareja, puede ser un blanco fácil. En una pelea de pabellón no hay margen para explicaciones. L. está acusada, precisamente, de matar a su propio hijo. La semana próxima, enfrentará al Tribunal Oral en lo Criminal N°30, defendida por el abogado Gastón Marano. La pena para la calificación en su contra prevé la pena de prisión perpetua.

Sin embargo, la historia no es tan sencilla. “La China” no apuñaló o estranguló a su bebé: perdió el embarazo de acuerdo a su defensa en medio de una emergencia obstétrica, una gestación de entre siete y ocho meses. Lo perdió en su departamento del barrio San Nicolás.

Luego, atemorizada, arrojó el feto a un contenedor de basura. En 39 semanas de gestación, nunca creyó haber estado embarazada.

Ocurrió el 15 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia. Ese martes por la tarde, pasadas las 14:30, un informe policial indicaba que un cartonero encontró en la calle Lavalle al 1600 a “un bebé muerto”, dentro de una bolsa de nylon color negro, envuelto en una toalla marrón. Tras alertar a los vecinos y comerciantes de la zona, el SAME llegó hasta la calle Lavalle para intentar reanimar a la criatura. “No hubo nada que hacer, era recién nacido”.

“Enviamos un equipo para ver lo que estaba pasando pero no hubo nada para hacer. Es un varón. Nosotros no pudimos hacer nada porque el chiquito estaba fallecido. No sabemos si fue un aborto espontáneo o un homicidio. No quiero aventurarme a dar una opinión que no tengo todavía”, agregó Crescenti.

Una semana después, L. fue identificada por la Policía de la Ciudad, en una causa a cargo de la fiscal Laura Belloqui y la jueza Érica Uhrlandt. El expediente había comenzado como una averiguación de causa de muerte por criminalidad dudosa. No tardó en calificarse como un crimen.

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Personal de Brigada de la Comisaría 1° allanó a “La China” tras un seguimiento de cámaras de seguridad. La vieron en los videos de la noche del contenedor, vestida con una remera blanca, ojotas tipo Crocs. Así, llegaron al departamento que L. compartía con su pareja, con la orden de incautar teléfonos celulares, ropa ensangrentada. L. había llegado al país en febrero de 2018, oriunda de Anzoátegui, Venezuela. Había conseguido trabajo en una empresa de informática en 2019. Criaba a dos chicos, uno suyo, mayor de edad, producto de una relación anterior, y otro menor de edad, hijo de Junior, que vive con un trastorno de atención por hiperactividad y retraso madurativo.

L. fue arrestada, enviada a una comisaría, luego a prisión, acusada de ser la asesina de su propio hijo. Su defensa asegura que fue “un parto en avalancha”, que el embarazo no había llegado a término, con un peso de 2,4 kilos. También, que nunca supo que estaba embarazada. Hoy, su defensa es una cuestión de derechos humanos. El CELS, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, la Cooperativa Esquina Libertad Limitada y y la Asociación Pensamiento Penal se presentaron como amicus curiae ante el Tribunal N°30.

Para estas organizaciones, según la presentación a la que accedió Infobae, “La China” es víctima de una instrucción judicial sin perspectiva de género y de violencia policial, médica e institucional. El escrito, para empezar, explica su condición médica: L. “tiene ovarios poliquísticos, por lo cual siempre tuvo menstruaciones muy irregulares y traumáticas, con hemorragias fuertes y mucho dolor”, asegura el documento. “Desconoció primero su proceso de gestación, y luego confundió el momento del parto con su menstruación. Luego de la expulsión de lo que ella creyó que se trataba de enormes coágulos (como le ocurrió tantas otras veces al inicio de sus menstruaciones), juntó las sábanas de su cama manchadas de sangre y las tiró en un contenedor público de basura cercano a su domicilio, sin advertir que entre ellas se encontraba el cuerpo de un feto”, continuó.

Su excarcelación fue denegada en repetidas ocasiones, por el juzgado del caso y por la sala de feria de la Cámara de Apelaciones. Su cárcel fue confirmada en marzo de 2021 por la Sala II de la Cámara, por el magistrado Horacio Días. Los planteos de la defensa que aludían a su falta de antecedentes, la lejanía de su familia, sus dos hijos y su extrema vulnerabilidad no fueron considerados ante la acusación y un posible riesgo de fuga.

La pareja de L., sin embargo, fue sobreseída tras ser detenido junto a ella. Él mismo aseguró que no había advertido el embarazo.

La Justicia aseguró que “La China” no podía desconocer el embarazo, con un título universitario, estudios de posgrado y estudios de inglés en Canadá, además de una gestación de 39 semanas. Sin embargo, la evaluación psicológica realizada por profesionales de la Defensoría General de la Nación es contundente. La evaluación data del 8 de enero de 2021. Dicen sus conclusiones: “En este contexto, y de acuerdo a la evidencia disponible la examinada experimentó un proceso de negación generalizada del embarazo. No vivenció modificaciones o cambios corporales, refiere que nunca dejó de menstruar, no presentó nauseas ni vómitos, interpretó el aumento de peso al aumento de la ingesta de comida por la pandemia, al igual que lo que sucedió con todo su grupo familiar”.

Es decir, un estudio forense clave apoya lo que dice “La China”. Las conclusiones continúan: “En este contexto, presentó un importante cuadro disociativo con despersonalización durante el parto y los momentos posteriores al mismo. El parto no fue vivenciado ni introyectado como tal sino como la expulsión de coágulos durante una menstruación abundante. Es decir, que no existió representación psíquica de la gestación de un bebe y mucho menos del nacimiento de un hijo”. En su declaración, L. aseguró que no escuchó un llanto cuando el feto salió, con una profusa hemorragia.

Su defensor, Gastón Marano, que llevó adelante la querella que llevó a la cárcel a Jonathan Fabbro y que hoy representa a Nicolás Carrizo, señalado como jefe de la banda de los copitos que intentó asesinar a Cristina Kirchner, tomó el caso de manera gratuita:

“Es uno de los casos más escandalosos de criminalización de una conducta no punible que he visto en mi carrera. Hace dos años que se tiene presa a una mujer con un trastorno psiquiátrico y físico acreditado que le impidió percibir su embarazo. Una mujer de la que tenemos prueba de que hasta minutos antes del episodio obstétrico estaba chateando de cualquier otra cosa con una compañera de trabajo. Jamás ejerció ninguna violencia sobre él y termina falleciendo por esa enfermedad. Sin embargo el sistema judicial, ciego y sordo a cualquier perspectiva de género, la imputa por homicidio agravado -que carga una pena de perpetua- y la pone presa. Es tiempo de poner blanco sobre negro y permitir que ella vuelva a su vida”.

El juicio comienza este lunes.